Anabella Cerezo *

Antecedentes

Guatemala es un país que se distingue por su riqueza y pluralidad étnica, lingüística y cultural. En su territorio habitan más de 13 millones de personas provenientes de cuatro principales orígenes étnicos.

Después de más de tres décadas de conflicto interno y a quince años de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala se encuentra todavía con grandes problemas de inseguridad, violencia, y pobreza sobre todo para las mujeres. Justamente la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 creó esperanzas en Guatemala de avanzar hacia una sociedad más justa en que las personas pudieran desarrollar su vida con tranquilidad. Sin embargo, el establecimiento formal de la paz no ha permitido a Guatemala alcanzar niveles significativamente mayores de desarrollo humano y la situación de inseguridad en que vive la población se ha visto agravada.

En este contexto, especialmente las mujeres y las niñas experimentan diversas formas de violencia basada en género tanto en la vida privada y pública. En las calles de la ciudad, el transporte público o en sus propios vecindarios, las mujeres y las niñas están sujetas a diversos tipos de violencia y abusos: el acoso sexual, violencia física y verbal, asalto sexual y violación. Tales ocurrencias diarias limitan los ''derechos y libertades de las mujeres'' como ciudadanos iguales al disfrutar de sus barrios y ciudades, y para ejercer sus derechos a la movilidad, educación, trabajo, recreación, organización colectiva y la participación en la vida política.

A pesar de que afectan a millones de mujeres, con perturbadores y devastadoras consecuencias, este fenómeno ha sido por mucho tiempo tolerado como una faceta normal de la vida de la ciudad. Si la violencia basada en género en el ámbito privado es ampliamente reconocida como una violación de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres en los espacios públicos sigue siendo un tema ignorado en gran medida.

Marco legal

Guatemala ha ratificado diversos instrumentos para la protección de los derechos y para el avance de las mujeres, incluyendo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belem do Pará. El Estado guatemalteco ha adoptado progresivamente leyes especificas para garantizar y promover el pleno goce de los derechos y libertades fundamentales a las mujeres, tales como la a) Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar; b) la Ley de dignificación y promoción integral de la mujer; c) la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; d) la Ley de Desarrollo Social, y e) la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Uno de los principales y más recientes avances es la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra las Mujeres, que define como delito la violencia contra las mujeres, tanto física, psicológica y económica como sexual, así como la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

A pesar de que ha habido un avance significativo en el marco legal en apoyo a las mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha expresado su preocupación sobre la cultura de impunidad y el incremento de los crímenes contra mujeres en el país, incluyendo las desapariciones, la tortura, la violencia sexual y el asesinato. A partir del año 2000, se continúa registrando un aumento de la violencia contra las mujeres en Guatemala. En el 2011 hubo 700 muertes de mujeres. Los femicidios se elevan cada año y han alcanzado un promedio de 2 muertes por día, con un rango de impunidad de 98%. El 35% de las muertes violentas contra las mujeres son perpetradas por su pareja o una persona de la familia.

Programa ''Ciudades sin violencia hacia las mujeres, Ciudades Seguras para todas y todos'' en Guatemala

Reconociendo que la violencia en contra de las mujeres se constituye como una de las más vergonzosas e impunes violaciones a los derechos humanos, que obstaculiza el desarrollo integral y la seguridad en Guatemala, a partir del año 2008 y en el marco, con la campaña ''Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres'', que impulsa el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, ONU Mujeres ha unido sus voces a las de las organizaciones de mujeres, gobiernos locales e instancias de defensa de los derechos humanos, para apoyar en la reivindicación de los derechos de las mujeres y hacer un llamado para la eliminación de todas las formas de violencia en su contra. Las acciones conjuntas han permitido fortalecer el interés de los medios de comunicación, las autoridades estatales, la comunidad nacional e internacional. Como resultado se ha implementado en Guatemala el Programa Regional ''Ciudades sin violencia hacia las mujeres, Ciudades Seguras para todas y todos'', desarrollado en los municipios de la Ciudad de Guatemala y Livingston.

ONU Mujeres Guatemala ha liderado la iniciativa de territorios libres de violencia contra las mujeres. En el ámbito nacional, ha fortalecido las capacidades institucionales para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Ha establecido alianzas estratégicas con actores clave, como la Comisión de la Mujer del Congreso de la República para la elaboración de políticas públicas y defensa de las leyes a favor de los derechos de las Mujeres.

En el ámbito local, se trabajó con la Municipalidad de Guatemala y con la sociedad civil, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con énfasis en la seguridad ciudadana. Se promovieron y fortalecieron el liderazgo de las mujeres y su participación en la discusión y toma de decisiones en el tema de la violencia contra las mujeres a fin de visibilizar sus necesidades y posicionar sus demandas.
Se tuvo como socios del programa, para la ejecución de las acciones a la Fundación Guatemala, Municipalidad de Guatemala y el Instituto de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Programa incorporó la perspectiva de género y las múltiples violencias hacia mujeres, promovió los derechos políticos de ciudadanía de mujeres, trabajó con gobiernos locales y nacionales, acercándose a organizaciones de mujeres para desarrollo de procesos de incidencia para ejercer el derecho a una vida sin violencia.

El enfoque tuvo como eje la implementación de estrategias para el empoderamiento, autonomía y participación de las mujeres como ciudadanas activas en la gestión integral de políticas públicas. Los resultados principales del proyecto son: Procuradurías Móviles en Derechos Humanos de las Mujeres en diferentes áreas de la República de Guatemala y Auditorías de Seguridad de las Mujeres a nivel nacional. También se ha creado la Coalición de Organizaciones de Mujeres por las Ciudades Seguras con instituciones para incursionar en las herramientas y las claves conceptuales y técnicas para las ciudades seguras para las mujeres.

En temas de alianzas estratégicas, se suscribió un Memorándum de Entendimiento con la Gobernación Departamental de Izabal para la Implementación de la ''Agenda de las Mujeres de Izabal por las Ciudades Seguras'' que contó con la participación de las diferentes Oficinas Municipales de las Mujeres de los 5 Municipios de Izabal y de las organizaciones civiles de mujeres. En la Ciudad capital, se trabajó al fortalecimiento de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala.

Por lo que concierne la gestión de la ciudad, se realizó la Recuperación de Espacios Públicos con mujeres y jóvenes. Se han realizado croquis de Catastro Municipal del área territorial, diagnósticos participativos con perspectiva de género para la identificación de lugares de riesgo e inseguridad y conocimiento del derecho de articulación de un entorno urbano seguro. Se han desarrollado también talleres de muralismo y teatro, como una forma de abordaje de la temática de la no violencia contra la Mujer.

En la línea de generación de conocimientos se implementó un módulo curricular sobre el tema de las Ciudades Seguras para las Mujeres en el pensum académico del Curso de Especialización ''Diplomado en Estudios de Género'' que se realiza con Fundación Guatemala y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También la Universidad de San Carlos de Guatemala participó en el programa y aprobó en el año 2004 la creación del Instituto Universitario de la Mujer (IUMUSAC) y le asignó la responsabilidad de impulsar la Política y Plan de Equidad de Género en la Educación Superior 2006-2014, el cual contiene un eje fundamental para ''erradicar la violencia contra las mujeres universitarias''. El IUMUSAC en alianza con otras instancias universitarias, del Estado y la Sociedad civil, unieron esfuerzos con el Programa de Ciudades Seguras de ONU Mujeres para promover en los campus universitarios el Programa por una Universidad Segura y Libre de Violencia que contribuirá a crear un lugar seguro para las mujeres y comunidad universitaria, libre de violencia; además la Universidad se ha comprometido a impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres con las estudiantes, trabajadoras, personal académico, organizaciones de mujeres y feministas de la sociedad civil

Para favorecer la reflexión sobre las lecciones aprendidas y la diseminación de la experiencia, en diciembre de 2010, tuvo lugar el Seminario Internacional ''Ciudades para Vivir y Convivir: Espacios Urbanos Seguros para las Mujeres y para Todos''. El seminario tuvo como objetivo el análisis de las acciones que se realizan en los distintos escenarios sobre la temática de la violencia de género y seguridad ciudadana, para promover la instalación del tema en las agendas públicas que favorezcan ciudades más habitables y seguras para todas y todos.

Lecciones aprendidas

Son muchas las lecciones aprendidas a nivel nacional en Guatemala. También pudimos contar con un rico espacio de intercambio con otras experiencias latinoamericana, que en los años han aportado muchos contenidos e insumos para la acción y han profundizado la reflexión sobre el tema de la violencia en el espacio público, sobre todo urbano.

Sin duda, en nuestra Guatemala la violencia urbana es multifacética, multidimensional y compleja. Se necesita el esfuerzo de todo el Estado para la erradicación de la violencia. Por eso la voluntad política fue clave, tanto en los gobiernos locales como en el Congreso de la Republica. Por lo que concierne los procesos de descentralización y el rol de las autoridades locales en políticas de seguridad, las experiencias han demostrado que sólo las políticas locales, desarrolladas a través de procesos de construcción de participación, pueden efectivamente llevar a cabo un enfoque efectivo a la situación.

Tras la realización del proyecto en el Municipio de Livingston y de la Ciudad de Guatemala, se pudo comprobar el gran desconocimiento de las mujeres en los barrios de sus derechos humanos y su ciudadanía; ellas normalmente conocen sus responsabilidades pero no los derechos que tienen como seres humanos y como ciudadanas.

También hemos aprendido que la incidencia política que mujeres lideresas del municipio pueden ejercer en el gobierno local está en función de su capacidad de diálogo y negociación política. Es por esto, que se tornó necesario formar y capacitar a las mujeres en estrategias de negociación e incidencia para que los intereses y necesidades de las mujeres de la localidad fueran integradas en la Agenda Política Municipal y en la Agenda de la Comisión del Congreso de la República de Guatemala. Además las mujeres que luchan por sus derechos son más fuertes, seguras y sobre todo más escuchadas si actúan a partir de una organización. Dichas organizaciones se consolidan más cuando han tenido una práctica ciudadana centrada en derechos de las mujeres, que en aspectos no relacionados con intereses estratégicos. La participación activa de las mujeres es la clave de la estrategia para reducir la inseguridad urbana. La participación comunitaria en los mapeos de seguridad, la recuperación de espacios inseguros, la prevención del delito y el desarrollo de iniciativas innovadoras de la comunidad, son elementos clave que fomentan un sentido de solidaridad, el desarrollo de la comunidad y proporciona una respuesta sostenible a la inseguridad.

Como conclusión, podemos afirmar en línea general que se necesita profundizar más en la sostenibilidad de los procesos: el trabajo de incidencia política con gobiernos locales no puede seguir limitado a aprobaciones de políticas, si no se acompaña de mayores procesos de capacitación sobre institucionalización de la perspectiva de género, cultura organizacional y asignación de presupuestos para las políticas que se aprueben. Sobre todo el tema del presupuesto, de la accesibilidad a recursos humanos y financieros para programas de empoderamiento a todo campo de las mujeres, es clave para transformar estructuralmente, desde las origines y desde la base, la arquitectura de la violencia en nuestras ciudades y en nuestros hogares.